atendiendo a los datos suministrados por el Banco de España, se observa una corrección en los desequilibrios exteriores, con una reducción del déficit acumulado de la balanza por cuenta corriente en los seis primeros meses de 2009de más de un 41 por ciento, respecto al mismo periodo de 2008.

En el segundo trimestre, el PIB disminuyó un 1,1 por ciento respecto al anterior, registrándose así cinco trimestres consecutivos de contracción económica, pero moderándose a su vez la caída en cinco décimas. La tasa de paro se situó en el 17,9 por ciento en el segundo trimestre de 2009, según la última Encuesta de Población Activa, como resultado del descenso de la ocupación en 145.800 personas, cantidad un 84 por ciento inferior a la del primer trimestre del año. En cuanto al Índice de Precios al Consumo (IPC), en agosto disminuyó un 0,8 por ciento en términos interanuales, frente a la reducción del 1,4 por ciento en julio. De este modo, se rompió la tendencia a la baja de los últimos meses motivada por la atonía de la demanda interna y por los bajos precios energéticos en comparación con los del año anterior. En este contexto, el diferencial con la Zona Euro se situó en -0,6 puntos, favoreciendo la recuperación de competitividad. Además, la inflación subyacente continúa en tasas positivas, con un aumento del 0,4 por ciento en términos interanuales y de 1 décima en términos mensuales, lo que permite descartar el riesgo de deflación.

Las actuaciones discrecionales llevadas a cabo por el Gobierno para paliar los efectos de la crisis, unidas al libre funcionamiento de los estabilizadores automáticos, han conducido inevitablemente a un importante incremento del déficit y de la deuda pública. En 2009 se prevé un déficit para el conjunto de las administraciones públicas del 9,5 por ciento del PIB debido a la crisis. Asimismo, la deuda pública alcanzará un 53,4 por ciento, 24 puntos menos que la media de los países de la Zona Euro. Sin embargo, hay que tener en cuenta que las políticas fiscales contra-cíclicas tienen un efecto limitado y paliativo frente a la crisis, pero no generan crecimiento a medio plazo por sí mismas. En consecuencia, nuestra política fiscal debe orientarse a partir de ahora a favorecer una salida de la crisis sobre bases más sólidas. La recuperación económica debe tener fundamentos firmes a partir de la solución de los problemas que, junto a la situación internacional, han generado la crisis, como la excesiva dependencia de un solo sector, la construcción, o el elevado grado de apalancamiento del sistema económico.

En 2009 se prevé un déficit para el conjunto de las AAPP del 9,5 % del PIB debido a la crisis…

Por lo tanto, en línea con lo establecido en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, España debe iniciar un decidido proceso de consolidación fiscal que nos permita alcanzar el objetivo de un déficit del 3 por ciento en 2012 para el conjunto de las administraciones públicas. Esta senda de reducción del déficit público está condicionada por la evolución de la crisis, puesto que la retirada de los estímulos deberá ser progresiva para evitar los riesgos de lastrar la recuperación.

En definitiva, para que nuestro modelo productivo sea sostenible, también deben serlo las finanzas públicas a medio y largo plazo. Para diseñar una política de progresiva consolidación fiscal, resulta imprescindible conocer la composición y los factores que contribuyen al déficit público. La teoría económica diferencia entre saldo público cíclico y estructural. En el primer caso, cabe esperar una corrección automática a medida que el crecimiento de la economía se acerque a su potencial, mientras que en el segundo deberán ser el propio Gobierno y las  administraciones territoriales quienes actúen para corregirlo.

En 2009 se prevé que el déficit del conjunto de las administraciones públicas alcance un 9,5 por ciento del PIB. Este elevado nivel de déficit tiene su origen en factores diversos, que tienen como causa común el desarrollo de la crisis económica, pero una parte importante del mismo corre el riesgo de convertirse en estructural. Hasta la fecha, el Gobierno ha dejado actuar libremente los estabilizadores automáticos y, además, ha adoptado medidas discrecionales para estimular la economía. Estas medidas deberán retirarse progresivamente para evitar que den lugar a un déficit estructural. La recuperación económica, por sí sola, no traerá consigo una plena corrección del déficit. Por este motivo, es necesario iniciar un progresivo proceso de revisión de los ingresos y gastos públicos. El objetivo de reducir el déficit público hasta el 3 por ciento en 2012 supone un gran esfuerzo que no puede afrontar únicamente la

Administración del Estado, sino que debe ser fruto de la actuación coordinada de todas las administraciones públicas.

La sostenibilidad de las finanzas públicas es responsabilidad común de todas las AAPP

A diferencia de otros años, son las comunidades autónomas y las entidades locales las que en 2010 deberían realizar un ingreso al Estado derivado de la liquidación definitiva del sistema de financiación del ejercicio 2008. Sin embargo, el Estado va a asumir temporalmente este efecto mediante un aplazamiento de las cantidades debidas. Además, el Estado ha realizado un esfuerzo adicional que supondrá aportar de manera progresiva más de 11.000 millones de euros como consecuencia del nuevo sistema de financiación de las comunidades autónomas. Esto les permitirá atender sus competencias y responder al fuerte crecimiento de la población experimentado desde el año 1999, además de reducir sus desequilibrios presupuestarios.

En la actualidad la política fiscal se encuentra ante una disyuntiva muy compleja debido a la necesidad de conjugar dos objetivos esenciales: la sostenibilidad de las propias finanzas públicas y la estabilización de la economía. Ello exige definir una estrategia de salida y empezar a adoptar los primeros pasos para su implementación.

La consolidación fiscal puede lograrse incrementando los ingresos, reduciendo los gastos o mediante una combinación equilibrada de ambos. Esta última es la alternativa que el Gobierno considera más acertada.

Por ello, desde la perspectiva de los ingresos, la acción del Gobierno se desarrolla en dos ámbitos. En primer lugar, se procede a una retirada paulatina de algunos estímulos fiscales, dado que el objetivo de la acción pública no debe ser, en ningún caso, sustituir perpetuamente la iniciativa privada, sino estabilizar la economía para evitar una mayor contracción y, a continuación, reactivar los mecanismos del crecimiento y la generación de empleo. En segundo lugar, se adoptan nuevas medidas impositivas de alcance limitado y en ocasiones temporal. Junto con la subida del gravamen del Impuesto sobre las Labores del Tabaco y del Impuesto sobre Hidrocarburos, ya adoptada en junio de 2009, estas medidas permitirán lograr una recuperación de los ingresos públicos.

Hay que resaltar que las dotaciones para actuaciones directas de los ministerios apenas representan un tercio de los Presupuestos Generales del Estado. Los otros dos tercios se dedican a partidas ya comprometidas como la financiación de las administraciones territoriales, los intereses de deuda pública, las aportaciones a la UE,

las dotaciones al SPEE, la dotación del nuevo Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local y otras necesidades de obligado cumplimiento.

De este modo, el margen de actuación del Gobierno en los ministerios se limita a 56.970 millones de euros, donde se concentra la reducción del gasto. En términos globales esta cifra supone casi un 2 por ciento menos que el presupuesto de 2009.

La necesidad de priorizar el gasto público lleva a reducir créditos allí donde es posible para financiar gastos esenciales, algunos de los cuales, están creciendo más de lo previsible, especialmente las prestaciones por desempleo. Por ello, en 2009 se han adoptado dos acuerdos de no disponibilidad por un importe global de 2.500 millones de euros, aplicados a gastos no prioritarios. Se trata de un ajuste en partidas que generan déficit en términos de contabilidad nacional que afecta al conjunto de la Administración.

Como resultado de la combinación de austeridad en el gasto y recuperación de los ingresos públicos, el Presupuesto del Estado para 2010 tendrá un déficit, en términos de contabilidad nacional, de 57.247,27 millones de euros, el 5,4 por ciento sobre el PIB nominal.

El Estado reduce su objetivo de déficit hasta el 5,4 por ciento del PIB…

Para determinar así el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria en los

Presupuestos Generales del Estado es necesario establecer la equivalencia entre el saldo del Presupuesto por operaciones no financieras y el saldo de contabilidad nacional. Para el año 2010, los ajustes más importantes entre las previsiones presupuestarias y la contabilidad nacional son los siguientes:

1. Inejecución. Dado que, con carácter general, el grado de ejecución presupuestaria final se sitúa por debajo del 100 por ciento de los créditos aprobados, es necesario realizar un ajuste que supone un menor gasto y un menor déficit que se estima en un importe de 4.842,03 millones de euros.